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El exoficial de la Seguridad del Estado de Cuba, Saúl Santos Ferro, de 74 años, fue sentenciado este viernes a seis meses de cárcel, dos de probatoria y el pago de una multa de 12.000 dólares por un tribunal en el sur de la Florida.
Santos Ferro fue hallado culpable de mentir en el formulario de solicitud de la residencia permanente en Estados Unidos y de estafar al Seguro Social, recibiendo ayudas pagadas por los impuestos de los contribuyentes.
En el juicio, el ex oficial de las fuerzas represivas del gobierno cubano se declaró culpable y admitió haber recibido beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los que no tenía derecho. SSI, un programa de la Administración del Seguro Social proporciona a los ancianos y a las personas con discapacidades dinero en efectivo para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo alimentos, ropa y vivienda.
Santos y su esposa comenzaron a recibir estos beneficios en septiembre de 2014. Según documentos de la corte en abril de 2015, ambas personas tergiversaron sus documentos y obtuvieron mucho más dinero. El tribunal calculó que los sobrepagos ascendían a 28.491,83 dólares.[[QUOTE:Wilfredo Allen, abogado de inmigración y activista exiliado definió el fallo en una entrevista con Telemundo como "una victoria para la comunidad cubana, especialmente para las personas que han apoyado Represión ID"]]
Wilfredo Allen, abogado de inmigración y activista exiliado definió el fallo en una entrevista con Telemundo como "una victoria para la comunidad cubana, especialmente para las personas que han apoyado Represión ID".
Varias personas denunciaron la presencia del ex militar publicando en las redes sociales fotos de Santos Ferro en Miami. La organización Cuba Represor ID, integrada por los abogados Santiago Alpízar, Willy Allen, Luis Fernández y Ricardo Martínez Cid, reportó el caso al FBI.
Santos Ferro, había sido arrestado el pasado cinco de febrero, y la fiscalía pedía una condena de hasta 20 años de cárcel por mentir a las autoridades migratorias. Los cargos presentados a Santos Ferro indican que había sido “miembro, ayudó y participó en unidades militares, unidades paramilitares y policiales”. El hombre escribió en su solicitud que nunca había trabajado en una prisión, cárcel o centro de detención.
Según documentos de la Corte, Santos Ferro fue teniente coronel de cárceles y prisiones en el poblado de San Cristóbal, en Pinar del Río. Llegó a Estados Unidos en 2012 y un año después tramitó su solicitud de residencia permanente.
El acusado dijo que al momento de viajar a Estados Unidos ya se encontraba jubilado.
Tras ser detenido en febrero, Santos Ferro tuvo que portar un grillete electrónico y pagar una fianza de 100.000 dólares.[[QUOTE:Tras ser detenido en febrero, Santos Ferro tuvo que portar un grillete electrónico y pagar una fianza de 100.000 dólares]]
Santos Ferro no será juzgado por sus actividades represivas en Cuba sino por mentir al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y beneficiarse de programas de ayuda para refugiados en el sur de la Florida.
En 2012 el Nuevo Herald reportó el caso de Crescencio Marino Rivero, el ex jefe de prisiones de Cuba, quien se mudó a Miami pero tuvo que retornar a la isla empujado por una investigación federal de inmigración. Seis ex prisioneros políticos en la isla y en el extranjero habían acusado a Rivero de abusar de ellos u ordenar a los guardias de la prisión que abusaran de ellos cuando él estaba a cargo de las prisiones en la provincia de Villa Clara en la década de 1990.
Tras jubilarse en la isla, Rivero y su esposa, quien también tenía una pasado militar, se mudaron a Miami y se convirtieron en residentes permanentes bajo la Ley de Ajuste Cubano.
En 2002, un jurado federal en Miami encontró culpable al cubano Eriberto Mederos de mentir en su solicitud de ciudadanía al ocultar su participación en la tortura de disidentes políticos con electrochoques cuando trabajaba como camillero en un hospital psiquiátrico en La Habana. Mederos murió de cáncer en la víspera de su sentencia.
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